El recurso, interpuesto por Víctor Porto, se basa en un informe elaborado por el arquitecto y profesor universitario Valentín Souto. Este documento señala que, frente a los 96.006 metros cuadrados de edificabilidad que, según su análisis, debería tener el polígono, el convenio entre el Concello de A Coruña y los promotores establece 136.404,5 metros cuadrados.
“"Esta cifra rebasa muy ampliamente el límite de sostenibilidad establecido en la Ley del Suelo de Galicia, siendo 1,42 veces mayor, lo que evidencia la sobredensificación que se pretende materializar en estos terrenos en relación con la legislación."
Por su parte, Carlos Hernand, abogado de la Junta de Compensación del polígono, que agrupa a los promotores, rechaza este argumento, calificándolo de “error o mentira”. Hernand asegura que la edificabilidad recogida en el convenio es la que tiene asignada este polígono desde el año 1998, en consonancia con el plan general inicial.
El informe de Souto también critica que el Plan General de 2013 modificó las alturas autorizadas en Parque de Oza, elevándolas entre ocho y once plantas, lo que resultó en una superficie edificable total de 136.404,50 metros cuadrados. Esta cantidad supera en 28.996,02 metros cuadrados la del Estudio de Detalle aprobado en 2008. Según Souto, esto elevó el coeficiente de edificabilidad a 21,3 metros cuadrados por cada metro cuadrado de suelo, superando “con mucho el límite de 1,5” fijado por la Ley de Ordenación Urbanística de Galicia de 2002, vigente cuando se aprobó el plan general.
Además, Souto advierte que la redacción del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) deberá estar condicionada por el cumplimiento del límite de sostenibilidad de la Ley del Suelo de Galicia de 2016. Considera que el convenio es “nulo de pleno derecho” al pactar una edificabilidad mayor a la permitida y por suprimir espacios libres y zonas verdes en favor de manzanas edificables.
Víctor Porto, el recurrente, lamenta que la documentación gráfica del convenio carezca de una memoria explicativa clara, lo que dificultó la comprensión por parte de los vecinos. También critica que las alegaciones presentadas no fueron contestadas de forma individualizada ni con respuestas claras. La presidenta de la delegación coruñesa del Colegio de Arquitectos de Galicia, Ruth Varela, ya calificó este proyecto como “una salvajada”.
