La USC ha denunciado una "quiebra comunicativa" que impidió la solicitud de ayudas Ramón y Cajal para 25 proyectos de investigación. Esta omisión representa un valor de 300.000 euros por cada proyecto, poniendo en riesgo las carreras de 25 investigadores y un total de 7,5 millones de euros en financiación.

Paralelamente, en la comarca de Barbanza, la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, junto con vecinos, mantiene un encierro de siete días en el hospital comarcal. Sus demandas se centran en mejoras urgentes para el Servizo Galego de Saúde, buscando visibilizar el deterioro y los recortes que, según denuncian, afectan a la atención sanitaria en la zona.

En la ciudad de Santiago, dos obras de la Diputación de A Coruña se encuentran detenidas. La carretera Santiago-Trazo presenta problemas de drenaje y baches, mientras que la senda de Figueiras, con más de dos años de retraso, genera preocupación por la seguridad de los peatones al ser utilizada por vehículos.

Por otro lado, Santiago se prepara para declarar su mercado de alquiler como zona tensionada antes de junio. Esta medida busca frenar el aumento de los precios, limitando los nuevos contratos a la última renta pactada y sus actualizaciones anuales. Para los grandes tenedores, el precio máximo se regirá por el índice del Ministerio de Vivienda. Esta normativa se aplicará a contratos indefinidos, excluidos los temporales o por habitaciones. El Ayuntamiento de Santiago implementa una estrategia municipal con tres programas para abordar esta situación. En A Coruña, una normativa similar ha reducido drásticamente la oferta de alquiler, sin bajar los precios, pero sí los metros cuadrados disponibles, generando mayor tensión y ofertas fuera del mercado regulado.