La modificación busca dar respuesta jurídica y técnica a un área que, a pesar de figurar como suelo urbanizable, presenta un alto grado de consolidación edificatoria y escasa viabilidad para su desarrollo en los términos previstos. La decisión afecta a 29 fincas, de las cuales 17 ya cuentan con viviendas construidas.

Un informe técnico señala que la existencia de viviendas hace inviable la posterior reparcelación. La conversión a núcleo rural busca reconocer la realidad del área, dotada de acceso a la vía pública y servicios urbanos, según destacó el alcalde, Ángel García Seoane, durante el pleno.

La propuesta fue apoyada por unanimidad por la oposición. El PP calificó el cambio como un "reconocimiento obligado" para los vecinos afectados, mientras que el PSOE sugirió aplicar medidas similares en otros lugares, lamentando la falta de "voluntad política". El BNG votó a favor, pero instó a una "reflexión crítica" sobre el modelo urbanístico municipal.

Este acuerdo fue el principal punto de un pleno extraordinario adelantado, convocado a petición del PP y el PSOE. Durante la sesión, el alcalde defendió la convocatoria a pesar de las indicaciones del secretario municipal y eludió responder preguntas sobre retribuciones y cargos de confianza.

Los grupos de la oposición criticaron la actitud del gobierno local, acusándolo de "silenciarnos por decreto" y de "caciquil y dictatorial". También se reprochó al alcalde el uso de medios públicos para calificar al BNG de "alimañas", ante lo que el regidor respondió que no perdonaba que "intentaran acabar conmigo".