La Xunta de Galicia ha establecido como prioridad para esta legislatura el acceso a la vivienda, comprometiéndose a construir 4.000 nuevos pisos de protección para duplicar la oferta actual hasta los 8.000. El presidente Alfonso Rueda anunció el pasado miércoles medidas de impulso, como la supresión del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para constructores y la reserva del 30% de los inmuebles para personas de entre 36 y 45 años, especialmente padres y madres con hijos pequeños.
Según datos de la Consellería de Vivenda, este colectivo de edad media representa a 6.500 gallegos, el 27% de los 23.644 demandantes de vivienda de promoción pública (VPP) registrados. No obstante, la cifra total de solicitantes asciende a 31.585 al incluir los pisos de iniciativa privada sujetos a protección.
El incremento continuado de los precios del alquiler, una oferta cada vez más reducida y unos salarios que no crecen al mismo ritmo que el coste de la vida hacen del acceso a la vivienda un problema estructural.
Un grupo significativo de demandantes son las personas mayores de 60 años, que suman 3.545 (solo en VPP), de los cuales 1.091 superan los 70 años. Otros grupos incluyen 1.248 aspirantes menores de 25 años, casi 5.700 entre 26 y 35 años, y 6.684 entre 46 y 69 años.
Además, la Xunta prevé aumentar el límite máximo de renta para acceder a vivienda pública hasta cuatro veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), con el objetivo de hacer las viviendas más accesibles para las personas trabajadoras. Este esfuerzo responde a un aumento del 11% en los demandantes de vivienda pública en poco más de dos meses y medio, con cerca de 40 nuevas inscripciones diarias.
Las provincias de A Coruña y Pontevedra concentran la mayoría de las solicitudes, con 11.640 y 15.013 respectivamente. Lugo registra 3.047 personas a la espera y Ourense 1.885.
