La cifra, recopilada por el Ministerio de Hacienda tras la liquidación presupuestaria de 2024, refleja una mejora respecto a los 471 millones registrados el año anterior. Esta reducción de 34 millones de euros marca un cambio de tendencia en la gestión de los derechos reconocidos que las administraciones locales consideran de difícil recuperación.
La mayor parte de esta deuda corresponde a los ayuntamientos, que acumulan 425,9 millones de euros en impagos. Por su parte, las diputaciones provinciales suman 11,4 millones. Estos saldos no representan deuda financiera, sino cantidades pendientes de cobro por parte de particulares y empresas, como impuestos, tasas o multas.
Por provincias, Pontevedra y A Coruña concentran el mayor volumen de impagos, sumando 270,2 millones de euros entre ambas, lo que supone más del 63% del total gallego. A continuación se sitúan Ourense, con 89,7 millones, y Lugo, con 66 millones.
A nivel estatal, la deuda de difícil cobro en los ayuntamientos y diputaciones supera los 12.466 millones de euros. La cuantía gallega representa aproximadamente el 3,5% de este total, manteniéndose como un factor determinante para la salud financiera de las administraciones locales.
