La Comisión Europea intensifica la presión sobre España por la escasez de vivienda asequible. En su diagnóstico de primavera, Bruselas ha señalado que entre las tareas pendientes del Gobierno se encuentra la ampliación del parque de viviendas, una mayor inversión en infraestructuras críticas ante el auge de fenómenos climáticos y más gasto público en innovación.

Una de las principales preocupaciones derivadas de las cuentas públicas del país son los beneficios fiscales asociados al IVA reducido para el sector de la hostelería. Por ello, en el ámbito fiscal, la UE ha pedido a España limitar el uso de este IVA debido al "gran impacto presupuestario" que supone. El Ejecutivo comunitario ha subrayado que "España presenta las mayores disparidades en materia de política del IVA de la UE", y ha aconsejado que "un uso más restringido de los tipos preferenciales del IVA contribuiría a simplificar el sistema tributario".

En lo que respecta a la vivienda, la UE ha destacado que España cuenta con uno de los parques de viviendas sociales más reducidos de toda la Unión, representando menos del 2% de la oferta total frente a una media europea del 7%. Como consecuencia, ha recomendado agilizar los trámites para facilitar el crecimiento de este parque, revisar el marco normativo, acelerar la concesión de licencias y reutilizar el parque inmobiliario infrautilizado.

Además, la UE ha señalado el repunte de personas sin hogar y la pobreza infantil como consecuencias de la crisis de vivienda, apuntando que "el mercado inmobiliario español sigue sometido a una fuerte presión debido a los persistentes "cuellos de botella" en la oferta, especialmente en las zonas de alta demanda".

Las infraestructuras críticas también vuelven al foco del Ejecutivo comunitario. La Comisión Europea ha solicitado el despliegue de medidas e inversiones adicionales para protegerlas, sobre todo las ferroviarias y viarias, utilizando fondos de la UE para apuntalar la inversión pública.

Finalmente, la UE ha alertado de que la baja inversión en I+D (investigación y desarrollo) lastra la productividad española. Ha pedido al Gobierno impulsar este gasto hasta el 1,25% del PIB para 2030 mediante incentivos fiscales "bien diseñados", ya que el gasto actual es "limitado" y distribuido de forma "desigual" en algunas regiones.