La seguridad pública en Galicia se encuentra en un momento crucial, marcada por un modelo policial anticuado que no aprovecha las potencialidades de la comunidad. La ciudadanía reclama respuestas efectivas y cercanas, pero el centralismo político, sumado a una cierta resistencia sindical, mantiene un diseño que perjudica tanto a los profesionales como a los ciudadanos. Es el momento de superar este bloqueo institucional y reclamar, sin complejos, una policía gallega integral.
El Estatuto de Autonomía gallego contempla desde hace décadas la posibilidad de crear un cuerpo policial propio. No obstante, los partidos estatales, desde Madrid, mantienen una actitud ambigua: por un lado, apoyan el autogobierno en Galicia para ganar apoyo electoral, pero por otro, bloquean transferencias clave, como la de Tráfico en 2010. Esta actitud responde al deseo de mantener el control territorial y a una visión uniforme que ignora la realidad demográfica y la dispersión poblacional de Galicia. No se comprende que la eficacia policial, en un gran porcentaje de funciones, depende del mando operativo y del control político de proximidad, algo que ya aplican Euskadi, Cataluña, Navarra y Canarias con sus cuerpos policiales.
A esta barrera política se suma un nuevo sindicalismo con presencia en los cuerpos de seguridad estatales, que se opone firmemente a cualquier traspaso de competencias policiales a Galicia. Con discursos basados en la desconfianza y en el control central, estas organizaciones ignoran las demandas históricas de colectivos más pragmáticos, como el SUP y la UniónGC en Galicia. Estos últimos ven en el traspaso una oportunidad para el arraigo familiar, la estabilidad geográfica y la equiparación salarial mediante una ley específica.
El modelo policial estatal actual no garantiza la cobertura de las vacantes en Galicia, forzando a menudo a los profesionales gallegos a desplazamientos, en lugar de permitirles servir de forma estable y bien remunerada en su propia tierra.
La persistencia de un modelo policial centralizado, fragmentado y gestionado a distancia está generando ya brechas en la seguridad del país. Aunque Galicia presenta un índice delictivo bajo, esta estadística no debe ocultar problemas estructurales: falta crónica de efectivos, escasa especialización en la gestión de incendios forestales, descoordinación entre cuerpos estatales y locales, y el abandono del rural por la clausura de cuarteles de la Guardia Civil.
La seguridad real se ve comprometida cuando las directrices operativas se diseñan lejos del territorio y de su gente. Un ejemplo fue el desplazamiento de agentes de la Guardia Civil de Madrid para investigar el crimen de Diana Quer en 2016, cuyos responsables lamentaron las dificultades por no dominar el gallego en el entorno, sin valorar a los grandes profesionales ya destinados en Galicia, como los de la Policía Judicial o la UCO en Pontevedra.
La creación de una policía gallega integral no es una propuesta ociosa, sino una necesidad organizativa urgente para garantizar una protección eficaz y condiciones laborales dignas. Las estructuras obsoletas del centralismo no podrán sostener por mucho tiempo una realidad que se impone por sí misma. La policía gallega, integral y propia, será una realidad más pronto que tarde por el bien de la ciudadanía y de los profesionales de la seguridad gallegos.
