La iniciativa, que salió adelante con 17 votos favorables de los grupos proponentes frente a los 14 en contra del Partido Popular, insta a la Administración autonómica a establecer un modelo de reparto basado en criterios técnicos y objetivos. Se propone que como mínimo el 50% de la recaudación obtenida en cada ayuntamiento se invierta en el propio municipio, un 30% se destine a un fondo de solidaridad territorial para ayuntamientos con mayores necesidades o dispersión poblacional, y que se reserve como máximo un 20% para los costes de gestión y mantenimiento del sistema autonómico.
La moción también reclama que la Xunta publique anualmente un informe detallado por ayuntamientos con la recaudación obtenida y las inversiones ejecutadas, así como una planificación plurianual para que las administraciones locales conozcan con antelación las actuaciones previstas. El canon del agua tiene carácter finalista y está destinado a la financiación de actuaciones vinculadas al abastecimiento, saneamiento, depuración y protección de los recursos hídricos.
Durante el debate, el portavoz socialista, Bernardo Fernández, denunció el "escapismo tributario" y "oscurantismo inversor" de Augas de Galicia, criticando la falta de criterios públicos para conocer el retorno de los fondos. Puso como ejemplo ayuntamientos como Oleiros, que recaudó más de 9 millones de euros en doce años sin inversiones equivalentes; Boiro, con 3 millones en ocho años; y As Pontes, con 2,3 millones, que no recibieron inversiones en los últimos años por parte de Augas de Galicia.
La portavoz del BNG, Avia Veira, incidió en que los ayuntamientos mantienen la relación directa con la ciudadanía en la recaudación de estos tributos y defendió la moción en tres pilares: transparencia, planificación y justicia territorial. Por su parte, el portavoz de Alternativa dos Veciños, Ángel García Seoane, reclamó que los recursos se reinviertan en la mejora de las infraestructuras, refiriéndose a la situación de ayuntamientos como Oleiros, Sada, Cambre y Bergondo.
Desde el Partido Popular, José Manuel Caamaño rechazó los argumentos de la moción, calificándolos de "narrativa artificiosa", y defendió el carácter solidario del sistema frente a un modelo de retorno directo, afirmando que la Xunta invirtió 144 millones de euros frente a 60 millones recaudados y que la distribución de los recursos responde a criterios técnicos.
Además, el pleno provincial aprobó por unanimidad dos declaraciones institucionales. La primera apoya a las familias beneficiarias de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME) e insta al Gobierno de España a modificar la legislación para permitir la prórroga excepcional de la prestación y del permiso laboral en casos de gran dependencia. La segunda manifiesta la solidaridad de la corporación con la situación en Ceuta y reclama coordinación entre administraciones y recursos suficientes para afrontar la crisis humanitaria, migratoria y de convivencia, garantizando los derechos humanos.
