El proceso judicial contra el lotero y su hermano, acusados de planear el cobro de una Primitiva premiada con cerca de cinco millones de euros, se acerca a su desenlace. Durante su declaración, el lotero mantuvo su versión inicial, afirmando que encontró un fajo de boletos en su administración de San Agustín y que, al comprobarlos en solitario, descubrió uno de ellos premiado con 4,7 millones de euros. Esta versión contrasta con la de la Policía, que asegura que la comprobación se realizó en presencia del apostante.

En el interrogatorio, el acusado negó las acusaciones de la fiscal, quien le preguntó si tuvo a la misma persona delante durante casi dos minutos, tiempo en el que se realizaron 21 transacciones. El lotero respondió de forma contundente que no era así.

La fiscalía basa su acusación en un dato crucial: segundos después de la comprobación del boleto millonario, se validaron otras apuestas con números idénticos a los de los boletos encontrados. Para la acusación, esto demuestra que el apostante legítimo estaba en el local en ese momento. El lotero negó rotundamente haber ocultado el premio al ganador.

Uno de los puntos centrales del caso es que, en septiembre de 2012, cuando el premio estaba a punto de caducar, el lotero presentó una solicitud por escrito para cobrarlo. Justificó esta acción alegando que no pretendía quedarse con el dinero en ese momento, sino que lo hizo para que Loterías y Apuestas del Estado retuviera el boleto y el premio no se anulara.

Otro momento clave de la investigación fue la declaración voluntaria del lotero ante la Policía en mayo de 2019. En ella, se centró únicamente en el boleto premiado y omitió que lo había encontrado junto a un grupo de boletos, un dato fundamental para identificar al verdadero propietario. Alegó que en ese momento solo pensaba en el boleto ganador y que no fue consciente de la relevancia de ese dato hasta más tarde.

El juicio continuará con la declaración del otro acusado, hermano del lotero y delegado provincial de Loterías en A Coruña en la época de los hechos. La familia del fallecido, a quien la policía identifica como el legítimo propietario, sigue personada como acusación particular. La fiscalía solicita para cada uno de los acusados una pena de seis años de cárcel por un presunto delito de apropiación indebida y blanqueo de capitales o encubrimiento, respectivamente.