El alcalde Carlos Calvelo compareció para aclarar la situación, después de que la oposición y el sindicato CIG convocaran una concentración frente a la casa consistorial. Durante su intervención, Calvelo explicó que en los últimos tres años se han visto obligados a realizar tres despidos y a abrir varios expedientes disciplinarios por cuestiones de relevancia, que van desde sabotajes hasta amenazas. Subrayó que los empleados tienen derechos, pero también obligaciones.

La oposición, liderada por el PSOE, solicitó una sesión extraordinaria para analizar los movimientos recientes, denunciando un contexto marcado por la opacidad, los conflictos laborales y las sospechas en la gestión del personal municipal. Los socialistas advirtieron de decisiones que consideran arbitrarias, opacas y sectarias, además de supuestos casos de enchufismo y maniobras que, en su opinión, buscan silenciar las quejas de los trabajadores.

En respuesta, el mandatario arteixán rechazó las acusaciones de oscurantismo y detalló los motivos de cada actuación. En relación con el despido más reciente, indicó que se basó en informes de los responsables del servicio y del jefe de la empresa de mantenimiento de camiones de recogida de residuos. Estos informes apuntaban a que un operario había manipulado el sistema de seguridad de un vehículo, poniendo en riesgo la integridad de la ciudadanía y del propio coche, además de incumplir reiteradamente las tareas de limpieza, a pesar de las advertencias del capataz.

Calvelo también mencionó otro despido, este ya avalado por una sentencia judicial, motivado por la agresión verbal y física de un trabajador al capataz del servicio de limpieza viaria, al que incluso atacó con un arma cortante, obligándolo a refugiarse en un vehículo. El Juzgado de lo Social, al considerar que la agresión era susceptible de causar lesiones o incluso la muerte, apoyó la decisión del Concello de Arteixo.

El tercer caso citado corresponde a un operario del servicio de aguas que, en varias ocasiones, se negó a realizar tareas encomendadas alegando desacuerdo. A esto se sumaron otros incumplimientos entre los años 2024 y 2025, como negarse a devolver un vehículo municipal durante una baja laboral o incluir comentarios inapropiados en los partes, con expresiones ofensivas hacia sus superiores, a los que calificó de “necios e incompetentes”, o comentarios sobre Francisco Franco.

Además de los despidos, el alcalde informó de otros expedientes disciplinarios, como la suspensión de empleo y sueldo a un conductor del servicio de residuos tras una agresión física y verbal a un compañero, hechos también confirmados por los tribunales. También se refirió a una sentencia relativa a un empleado de Sumarte, que denunció una supuesta modificación de sus condiciones laborales al impedírsele el uso del coche de empresa para fines privados, si bien el juzgado rechazó su reclamación, recordando que estos vehículos no pueden emplearse para actividades personales como ir a la compra o llevar a los hijos al fútbol.

Calvelo expresó su disgusto por este tipo de situaciones, pero insistió en que las administraciones tienen la obligación de investigar los incumplimientos graves y actuar en consecuencia, mediante la apertura de expedientes que pueden derivar en sanciones o despidos.