El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) defendió el programa Fogar Vivo, una iniciativa de la Xunta de Galicia para mejorar viviendas destinadas al alquiler accesible. Según Heriberto García, responsable del IGVS, el programa recibió más de 200 solicitudes en su primer mes de funcionamiento, desde su puesta en marcha en marzo. La convocatoria, con una dotación de 2,8 millones de euros, estará abierta hasta el 3 de junio de 2026.
“"No quedó ninguna que cumpliese los requisitos sin conceder."
García subrayó que en el primer año del programa se concedieron 239 ayudas de más de 400 solicitudes, indicando que hubo crédito sobrante. También contrapuso estas medidas con las políticas del Gobierno central, a las que acusó de “dinamitar la confianza de los pequeños propietarios”.
Por su parte, el diputado del PSdeG, Aitor Bouza, criticó la defensa del éxito del programa, argumentando que en Galicia existen medio millón de viviendas vacías. Bouza denunció que el Gobierno gallego dejó sin ejecutar 120 millones de euros destinados al acceso a la vivienda durante el ejercicio de 2025.
En la misma comisión parlamentaria, la diputada del BNG, Iria Taibo, señaló la necesidad de “muchas mejoras” en el servicio de bus del área metropolitana de A Coruña, que, según ella, no se adapta a los horarios de la ciudadanía. Taibo reclamó más servicios en horas punta y una mejor conexión con el aeropuerto de Alvedro y los centros hospitalarios.
La directora general de Movilidad, Judit Fontela, defendió el servicio, destacando una valoración de 7,8 sobre 10 por parte de los usuarios. No obstante, comprometió “diálogo” para estudiar posibles mejoras. Fontela resaltó que el transporte metropolitano de A Coruña, con 210.000 servicios anuales en más de cien líneas, representa el contrato con mayor volumen de actividad en la comunidad.
Finalmente, el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, atribuyó al Ayuntamiento de Lugo el estancamiento del proyecto de saneamiento en Esperante. Fernández advirtió que el proyecto lleva dos años sin corregir las deficiencias detectadas, lo que podría comprometer la financiación europea debido a los ajustados plazos de ejecución.
