El texto, que buscaba cubrir un vacío legal existente desde la pandemia, lejos de aportar soluciones, ha intensificado el debate en la ciudad. La concejala de Infraestructuras, Noemí Díaz, reconoció en el pleno municipal que, aunque se intentan satisfacer todas las peticiones, la normativa "va a incomodar, aunque sea un poco, tanto a vecinos como hosteleros".

Entre las alegaciones presentadas, José Luis Méndez, presidente de los vecinos del Orzán, comparó A Coruña con Magaluf y Lloret de Mar, reclamando una reducción drástica del horario de cierre de las terrazas hasta las 22:30 horas de octubre a mayo y las 23:00 horas en verano. También solicitó que las plazas de la Cormelana y José Sellier sean declaradas Zonas Acústicamente Saturadas.

Por su parte, la Federación de Asociaciones Vecinales de A Coruña, a través de su presidenta Luisa Varela, defiende la convivencia entre hostelería y vecinos, pidiendo más vigilancia y espacio. Aunque les gusta la estética propuesta para María Pita, solicitan especial atención en la zona de La Marina, argumentando que los soportales no son para mesas. Varela también hizo un llamamiento a sus asociados para colaborar con los empresarios, reconociendo que "los vecinos también hacemos uso de él".

Desde el sector hostelero, el rechazo es casi unánime. Javier Pastoriza, presidente de la Zona Comercial Obelisco y propietario de El Tequeño, vaticina que la normativa "no va a dejar contento a nadie" y alerta de un "impacto económico brutal" y la posible destrucción de puestos de trabajo. También denuncia la inseguridad jurídica y pide que el Ayuntamiento cumpla los mismos requisitos que exige a los hosteleros.

Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, señala que el principal defecto de la ordenanza es la discrecionalidad de los técnicos, lo que genera inseguridad jurídica. La Asociación para la Defensa de la Hostelería, representada por Xabi Barral y el abogado José López Balado, propone siete puntos clave, incluyendo criterios de proporcionalidad, plazos de adaptación amplios, apoyo económico, modificación de criterios estéticos, ajuste de horarios y un diálogo real con el sector.

El Partido Popular, que ya rechazó la normativa en el pleno del 12 de febrero, está considerando presentar una alegación a la totalidad, criticando la falta de diálogo del Gobierno local. La intención de todas las partes es que durante 2026 queden regulados tanto el exterior de la hostelería como los límites de ruido y actividad nocturna en la ciudad.