La decisión del Ayuntamiento de Culleredo de sumarse al acuerdo para el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) ha generado un intercambio de reproches entre el Gobierno local y la oposición. Mientras los populares acusan al ejecutivo de hacer lo que antes negaba, el Gobierno defiende su postura basándose en informes técnicos y jurídicos.

Desde el Gobierno municipal, señalan que los informes técnicos y jurídicos avalan la adhesión, indicando que el incremento de financiación es un derecho inherente a las administraciones locales. Acusan a la oposición de intentar "intoxicar e infundir miedo" entre la población más vulnerable, criticando el uso de la dependencia con fines políticos.

Por su parte, la oposición destaca que el Ayuntamiento inició los trámites para adherirse al convenio, a pesar de sus negativas iniciales. Una portavoz popular manifestó que el Gobierno local "primero negó la realidad, después insultó y ahora hace exactamente lo que denunciábamos".