Cincuenta años de la marea negra del 'Urquiola' en la costa gallega

El desastre ambiental, ocurrido el 12 de mayo de 1976, fue causado por un petrolero que encalló cerca de A Coruña.

Imagen del petrolero Urquiola partido en dos y ardiendo en la costa gallega.
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Imagen del petrolero Urquiola partido en dos y ardiendo en la costa gallega.

El 12 de mayo de 1976, el petrolero Urquiola encalló a la entrada del puerto de A Coruña, provocando una de las mayores catástrofes ambientales en la historia de Galicia al verter 110.000 toneladas de crudo.

Este año se cumple medio siglo del naufragio del petrolero Urquiola, un suceso que marcó un antes y un después en la conciencia ambiental de Galicia. El buque, de 275 metros de eslora, se dirigía a la refinería de Petrolíber cargado con 110.000 toneladas de crudo cuando tocó fondo en una zona mal cartografiada conocida como los “Bajos yacentes”.
El incidente, ocurrido a la entrada del puerto de A Coruña, provocó varias explosiones, un incendio y la posterior rotura y hundimiento del buque. La mayor parte de la carga de crudo ardió o se vertió al mar, extendiendo una densa marea negra por las rías de A Coruña, Ares, Betanzos y Ferrol.

"Cuando el barco estaba prácticamente parado se apreció que empezaba a escorarse, y cuando se encontraba con una inclinación de diez o quince grados, el capitán dio las órdenes oportunas: se alertó a la tripulación del peligro y se le ordenó que abandonase el buque."

un oficial del petrolero
Los 37 tripulantes del Urquiola fueron evacuados, pero el capitán del buque no sobrevivió al desastre. Su cuerpo fue rescatado dos días después. La marea negra no solo causó pérdidas millonarias en el sector marisquero, sino que también tuvo un impacto ambiental devastador, con humo que llegó hasta Santiago de Compostela y obligó a suspender vuelos en el aeropuerto de Lavacolla.
Las aseguradoras tuvieron que hacer frente a indemnizaciones que ascendieron a 2.421 millones de pesetas (unos 120 millones de euros actuales). Posteriormente, el Tribunal Supremo dictaminó que el naufragio se debió a un funcionamiento anómalo del servicio público de Cartografía de Marina, condenando al Estado al pago de las millonarias compensaciones.