La vista preliminar celebrada este viernes para intentar alcanzar una sentencia de conformidad en el caso del violento asalto a una vivienda en Vilameá (Lobios) en enero de 2025 terminó sin éxito. La división entre los cinco acusados, que comparecieron por videoconferencia desde tres prisiones distintas, impidió sellar un acuerdo con el fiscal y la abogada de la acusación particular, por lo que el caso se dirigirá a juicio oral, señalado para el próximo 5 de octubre, aunque la puerta a negociaciones de última hora permanece abierta.

El principal obstáculo para la sentencia de conformidad fue la negativa de uno de los acusados, que paradójicamente fue clave para esclarecer los hechos al confesar desde el momento de su detención. Su abogado argumenta la vulneración de derechos fundamentales en un recurso pendiente ante el Constitucional y solicitó su excarcelación tras 15 meses en prisión, pero la jueza la denegó por riesgo de fuga.

Asimismo, la defensa del supuesto cabecilla del grupo criminal, considerado el ideólogo, necesita más tiempo para ultimar detalles que acrediten su adicción a las drogas. Este acusado, que también colaboró con las autoridades aportando datos del asalto, se desvinculó del mismo. Su pareja sentimental es hermana de uno de los otros implicados.

Las peticiones iniciales de la fiscalía y la acusación particular sumaban penas de hasta 14 años de prisión. La propuesta de conformidad ofrecía una rebaja significativa, a casi cinco años, a cambio de que los acusados abonasen de forma solidaria la responsabilidad civil reclamada por la acusación particular, que supera los 56.000 euros solo por lesiones y secuelas, además de los 6.000 euros en efectivo y el valor de las joyas y teléfonos sustraídos.

La defensa de uno de los acusados ya argumentó que su cliente solo actuó como vigilancia exterior y no participó en la agresión, solicitando su absolución del delito de lesiones y que no se le responsabilizase civilmente de los daños físicos de la víctima, limitando su participación a cómplice del robo.

La defensa del supuesto líder también intentó introducir ayer la drogadicción como circunstancia atenuante, alegando que su consumo afectaba a su capacidad cognitiva en la fecha de los hechos y solicitando informes de comunidades terapéuticas para acreditar su adicción.

El juicio fijado para octubre examinará los hechos ocurridos la noche del 19 de enero de 2025. Según las acusaciones, el grupo asaltó la vivienda de un empresario creyendo que albergaba una gran suma de dinero. La víctima fue agredida en el garaje, sufriendo traumatismos severos, fracturas costales y secuelas neurológicas. El botín incluyó 6.000 euros en metálico, joyas, dos teléfonos móviles y una escopeta recortada.