La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María M. Allegue, presentó hoy en el Parlamento los Presupuestos de la Consellería para 2027, destacando la fuerte apuesta por la vivienda pública y la protección del parque inmobiliario existente. La Xunta incrementa el presupuesto para políticas de vivienda hasta los 520 millones de euros, de los cuales 326 millones se destinarán a la construcción de nueva vivienda pública, mientras que menos del 10% proceden de fondos estatales.
Allegue anunció también una nueva reserva del 20% de las nuevas viviendas públicas para personas con mayor antigüedad en el Registro de Demandantes, con el objetivo de priorizar a quienes llevan más tiempo esperando. Además, se duplica la inversión en desarrollo de suelo residencial hasta los 37,5 millones de euros para avanzar en proyectos de interés autonómico.
La conselleira también señaló la congelación de las bonificaciones de las autopistas gallegas, lo que supone un ahorro de 8,5 millones de euros, y una inversión superior a los 42 millones de euros para nuevas vías de altas prestaciones. El plan de sendas contará con 22 millones de euros y la conservación de las carreteras autonómicas con 74,3 millones de euros.
“"La Xunta multiplica por diez el presupuesto para la construcción de vivienda pública desde el inicio de la legislatura y blinda la protección de todas las viviendas de Casa47 en nuestra Comunidad."
El presupuesto total de la Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras crece un 5%, alcanzando los 588 millones de euros. El Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) dispondrá de 293 millones, un 8,5% más. La movilización de fondos para vivienda llega a los 800 millones gracias a VIPUGAL y al Consorcio do Casco Vello.
La Xunta prevé alcanzar las 8.000 viviendas de titularidad pública en 2028, apoyándose en la promoción directa, la colaboración con ayuntamientos y nuevas fórmulas. Actualmente, hay 4.670 viviendas públicas en marcha, con cerca de 1.900 en obras. La conselleira también anunció la obligación de calificar como protegidas las viviendas de administraciones públicas, como Casa 47, para garantizar su protección permanente y precio tasado.
En cuanto al desarrollo de suelo residencial, la inversión se duplica hasta los 37,5 millones de euros, con el objetivo de disponer de terrenos para construir 25.000 nuevas viviendas, de las que 20.000 serán protegidas. La Estrategia Galega de Solo Residencial avanzará mediante Proyectos de Interés Autonómico (PIA) en varias ciudades gallegas.
La promoción de vivienda protegida recibirá 27 millones de euros, incluyendo una nueva línea de ayudas a los ayuntamientos de 7 millones. También se mejorará la fiscalidad con deducciones del 100% y vías de urgencia para la tramitación de licencias.
Los programas de ayudas a la vivienda cuentan con más de 71 millones de euros. Se mantendrá el Bono Alquiler Social y se incrementará la aportación para jóvenes, además de ponerse en marcha el Bono para Entidades. El programa Fogar Vivo para movilizar viviendas vacías dispondrá de 2,8 millones.
Para la compra de la primera vivienda, se ampliará hasta los 46 años la edad para acceder al programa de avales y se mantendrán las ayudas para jóvenes en ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes y para vivienda protegida.
La Dirección Xeral de Urbanismo aumenta su presupuesto un 9% hasta los 19 millones de euros para apoyar a los ayuntamientos en la redacción de su planeamiento e impulsar herramientas digitales.
En infraestructuras, la Axencia Galega de Infraestruturas dispondrá de 265 millones de euros. Se destinan 42 millones a vías de altas prestaciones, como la prolongación de la autovía Santiago-A Estrada y la conversión en autovía Nadela-Sarria. La conservación de la red viaria autonómica recibirá 74,3 millones de euros.
La movilidad sostenible duplica la inversión hasta los 22,2 millones de euros para sendas peatonales y ciclistas, y colaborará con administraciones locales en proyectos de reurbanización.
Finalmente, se confirmó la congelación de los peajes en las autopistas autonómicas AG-55 y AG-57, manteniendo las bonificaciones existentes.
