El Ingreso Mínimo Vital (IMV), en vigor desde 2020, todavía no logra llegar a una parte significativa de las personas en riesgo de pobreza y exclusión social en Vigo y su provincia. Los datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social indican que en junio de este año había 55.091 beneficiarios en la provincia, mientras que los registros del INE de 2024 señalan una tasa de riesgo del 17,34%, lo que se traduce en aproximadamente 164.360 personas con ingresos inferiores al 60% de la mediana (menos de 968,77 euros mensuales), en carencia material severa o en hogares con baja intensidad laboral.
Esto significa que el IMV cubre poco más de un tercio de la población más necesitada de ayudas en la provincia de Pontevedra, seis años después de su aprobación. Del total de beneficiarios, 22.392 son menores. Desde su puesta en marcha, se registraron 60.648 solicitudes en la provincia, de las cuales solo 20.228 fueron aprobadas. Las denegadas ascienden a 22.323, mientras que 10.880 fueron inadmitidas y 5.835 canceladas por los propios solicitantes. Además, 1.161 expedientes siguen en trámite.
Las estadísticas del Ministerio también detallan el tipo de hogares que reciben la prestación. En junio de 2026, de los expedientes aprobados, 4.427 corresponden a hogares de una sola persona adulta, seguidos por 3.143 hogares monoparentales (un adulto y un menor) y 3.161 compuestos por dos adultos y dos menores, que son las unidades familiares que más reciben esta ayuda en la provincia.
“"Hay cierta lentitud en la valoración de los casos"
Ricardo Misa, presidente de la asociación Vida Digna, señala la "cierta lentitud" en la valoración de los casos de solicitud del IMV y pide a las instituciones que "agilicen el proceso". Según Misa, la asociación recibe "una afluencia importante de familias" semanalmente, lo que obliga a establecer listas de espera. Opina que, aun siendo una "buena iniciativa", la ayuda es "mínima" y no cubre las necesidades vitales, ya que algunos usuarios ya cobran el IMV y aun así precisan ayuda de asociaciones.
Misa describe situaciones "desesperadas", como familias con dos padres y dos menores que alquilan habitaciones por 500 euros al mes, destacando la "cuestión de la vivienda" como el principal problema ante la "cuestión de la vida" actual.
