El perjudicado, Pablo González, anunció su intención de recurrir la resolución judicial, expresando su sorpresa y desacuerdo con el auto. González manifestó que su objetivo principal es la justicia, más allá de cualquier compensación económica.
“"No es un tema de dinero, es un tema de justicia."
La resolución judicial indica que las diligencias practicadas no encontraron pruebas de "grieta, quiebra o fallo de seguridad" en el proceso de elaboración, embotellado y distribución del agua. Según el auto, la presencia de hidróxido de sodio en la botella se debió a un error humano al rellenar con sosa cáustica una botella ya consumida de agua mineral con gas de Aguas de Mondariz.
La magistrada señala que este hecho podría constituir un delito de lesiones por imprudencia grave, dado que el cliente bebió de una botella servida por el establecimiento que contenía una sustancia corrosiva y no apta para el consumo humano. Sin embargo, la jueza argumenta que "no ha sido posible averiguar quién fue la persona que rellenó el contenido de la botella", ya que los empleados de Aguas de Mondariz negaron los hechos y no hay testigos ni pruebas que lo demuestren.
Un año después del incidente, González sigue padeciendo secuelas digestivas y un mayor riesgo de cáncer, lo que requiere revisiones médicas periódicas. El afectado ha rechazado las compensaciones económicas ofrecidas, reiterando su búsqueda de justicia.
