En la Comisión 8ª de Pesca y Marisqueo del Parlamento de Galicia, Rosón subrayó que la continuidad del acceso y la estabilidad de las condiciones son cruciales para la planificación de las empresas y la preservación del empleo en el sector.
El director general lamentó la falta de un pronunciamiento específico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre esta situación en el último Grupo de Trabajo comunitario. Consideró fundamental que la posición española sobre la permanencia de la flota en los caladeros mauritanos esté presente en estos debates.
Rosón advirtió que, sin un marco legal vigente para el 14 de noviembre, los buques comunitarios tendrían que abandonar las aguas mauritanas. Según estimaciones del sector, esta situación podría poner en riesgo hasta 3.000 empleos directos e indirectos, afectando también a la comercialización, transporte, servicios portuarios e industria transformadora.
La prórroga, según el director general, permitiría mantener la actividad y dar estabilidad a las negociaciones de un nuevo protocolo. "La cuestión central no es únicamente si el acuerdo se renovará, sino en qué condiciones, con qué posibilidades reales de acceso a los caladeros y con qué garantías para la continuidad de la actividad empresarial y del empleo", señaló.
Además, reclamó al Gobierno central que impulse una solución ante las instituciones comunitarias antes del vencimiento, ya que la incertidumbre actual condiciona la planificación de las mareas, la contratación de tripulaciones, los aprovisionamientos y los compromisos comerciales de las empresas armadoras.
Finalmente, Rosón defendió que las condiciones de acceso, las posibilidades de pesca y las medidas técnicas deben ser conocidas con antelación y basarse en criterios transparentes e información científica, asegurando que la continuidad de la flota comunitaria es compatible con la conservación de los recursos y el desarrollo sostenible de la pesca mauritana.
