La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, manifestó este martes el rechazo del Gobierno autonómico al texto pactado en el Congreso de los Diputados para la transferencia de la gestión y titularidad de la AP-9 a Galicia. Según la conselleira, el acuerdo difiere sustancialmente de la propuesta aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego, especialmente en lo que respecta a las condiciones económicas.
"Queremos la transferencia, pero no a cualquier precio", sentenció Allegue, quien expresó su sorpresa por conocer los detalles del pacto a través de los medios de comunicación, sin ser informada previamente por las partes implicadas. La conselleira señaló que la Xunta está analizando el documento, pero ya adelantó diferencias significativas con la norma aprobada en la Cámara gallega.
La responsable autonómica de Infraestructuras recordó la histórica demanda gallega por el traspaso de la Autopista del Atlántico, pero recalcó que debe ir acompañada de "determinadas condiciones económicas" que no lastren las finanzas de la comunidad. Considera que el acuerdo presentado en Madrid no cumple estos requisitos.
Uno de los puntos más conflictivos es la supresión de compromisos financieros que figuraban en la proposición de ley original, como la asunción por parte del Gobierno central del incremento de las bonificaciones en los peajes y el aumento del 1% de las tarifas. Allegue afirmó que estas cuestiones pasarían a ser responsabilidad económica de la Xunta, lo que calificó de inaceptable.
“"No entendemos por qué se retiran, precisamente, esos artículos destinados a esos compromisos financieros, y no vamos a permitir que se lastre la economía de la comunidad."
Allegue instó públicamente al PSdeG y al BNG a explicar las razones por las que aceptaron condiciones que difieren de las acordadas en el Parlamento autonómico, recordándoles su responsabilidad y el compromiso unánime de la Cámara gallega.
El texto acordado será analizado en la ponencia correspondiente del Congreso de los Diputados, donde el PP de Galicia está representado por el diputado Celso Delgado. Esta fase es de posicionamiento, sin votación. Posteriormente, el texto pasará a la Comisión de Transportes para su debate y votación definitiva.
La conselleira evitó adelantar la postura del PP en la votación final, pero reiteró la posición firme del Ejecutivo gallego: el texto original aprobado en el Parlamento de Galicia incluía "unas determinadas condiciones económicas" que deben ser respetadas por el Gobierno central. Concluyó afirmando que "no vamos a permitir que se desvirtúe un documento aprobado por unanimidad".
