Estas tarjetas electrónicas permitirán identificar a la persona titular y acreditar electrónicamente su identidad. Además, funcionarán como soporte de la firma electrónica, permitiendo el acceso a las aplicaciones y sistemas de información y la firma de documentos o trámites electrónicos. Asimismo, facilitarán el control de acceso a las zonas restringidas de los centros sanitarios.
El contrato abarca el suministro de las unidades, así como todo el software necesario para su correcto funcionamiento y gestión desde los puestos de trabajo de los usuarios. Esto incluye los programas intermedios (middleware), los controladores (drivers) y cualquier otro componente informático que precisen los dispositivos.
También se contempla el soporte técnico para atender las incidencias relacionadas con las tarjetas, el software y los elementos que integran el equipamiento, así como las que puedan surgir durante su adaptación e integración con las plataformas ya existentes. La empresa adjudicataria deberá facilitar un punto de contacto para la gestión de estas incidencias.
La distribución prevista de las unidades y de la inversión se distribuye por anualidades, comenzando en 2026 con el suministro de 5.000 tarjetas, seguida de 25.000 en 2027 y completándose en 2028 con otras 20.000 tarjetas. El acuerdo marco tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórrogas hasta alcanzar una duración total de cuatro años.
Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 27 de noviembre a las 14:00 horas.
