La Xunta de Galicia, a través de la Dirección General de Movilidad, ha presentado alegaciones al borrador del Reglamento interno de organización y funcionamiento de la Comisión de Directores Generales de Transporte Terrestre del Estado y de las Comunidades Autónomas. Este órgano será sometido a la aprobación de sus miembros en la reunión prevista para el próximo miércoles.
La directora general de Movilidad, Judit Fontela, rechazó que el Gobierno central "pretenda imponer a las comunidades un reglamento de funcionamiento marcadamente centralizado, controlando una vez más un órgano que debe ser de participación autonómica". El Gobierno gallego considera que el texto debe evitar una configuración excesivamente centralizada y garantizar que las comunidades autónomas tengan un peso efectivo en su funcionamiento.
No es la primera vez que la Xunta reclama mayor participación. En julio, en la Conferencia Sectorial de Transportes, ya defendió una mayor implicación de las comunidades en los nuevos órganos de gobernanza previstos en la Ley de Movilidad Sostenible, criticando la creación de órganos como el Consejo Superior de Movilidad Sostenible o el Foro Territorial donde las comunidades pierden peso.
En el caso de la Comisión de Directores Generales, la Xunta considera que debe ser un verdadero foro multilateral y de coordinación. Reclama que las comunidades autónomas puedan participar desde el inicio en la preparación de los asuntos, en la determinación de las prioridades de trabajo y en la formación de las posiciones comunes, y no limitarse a opinar sobre propuestas ya definidas.
Además, la Xunta pide una mayoría cualificada para modificar las reglas básicas de participación y adopción de acuerdos, frente a la mayoría absoluta actual, para garantizar la estabilidad de las reglas que regulan la presencia y los derechos de las comunidades autónomas.
Se propone también reforzar la presencia autonómica en la dirección de la Comisión. Considera que la Vicepresidencia, que corresponde a una persona representante de una comunidad autónoma, debe ser elegida mediante votación de los miembros, garantizando la participación en igualdad de todos los representantes. La Xunta recuerda que la Presidencia corresponde al Estado y la Secretaría es designada por el personal de la Dirección General de Transporte por Carretera y Ferrocarril.
En cuanto a los grupos de trabajo, las alegaciones reclaman que se garantice la representación efectiva de todas las administraciones afectadas y que las comunidades autónomas puedan incorporar expertos.
La Xunta también incide en el tratamiento de las recomendaciones y dictámenes. Aunque el borrador establece que no son vinculantes, el Gobierno gallego advierte de que la referencia a la ejecución puede convertirse en un mecanismo indirecto de control. Pide que el reglamento deje claro que estos instrumentos no pueden ser obligatorios ni utilizarse para fiscalizar las competencias de cada administración.
Las alegaciones buscan consolidar una Comisión donde el Estado y las comunidades participen en igualdad y la coordinación se desarrolle desde el respeto a las competencias propias de cada administración.
