El titular de la cartera sanitaria explicó que esta prestación se ha ido integrando de manera progresiva en la red pública del Servizo Galego de Saúde (Sergas), recordando que Galicia reconoce, respeta y protege el derecho de las mujeres a abortar en los términos de la legislación estatal vigente. En la actualidad, todas las áreas sanitarias gallegas disponen de circuitos específicos para atender a las mujeres que solicitan esta prestación, con un modelo organizativo homogéneo que permite el acceso a través de los Centros de Orientación Familiar o de los centros de salud.
El recorrido asistencial incluye la valoración clínica y pruebas necesarias en el ámbito hospitalario, la realización de la interrupción y el seguimiento posterior. Las interrupciones voluntarias del embarazo de menos de 14 semanas se realizan en los hospitales públicos de referencia, mientras que entre las 14 y 22 semanas se aplican los requisitos clínicos de la normativa estatal. Para casos de más de 22 semanas, existe un procedimiento específico con la intervención de comités clínicos habilitados.
Gómez Caamaño destacó que Galicia se sitúa entre las comunidades con mayor peso de la sanidad pública en esta prestación, alcanzando el 99% en el primer semestre de 2026, frente al 96% de 2025. Señaló que, cuando no es posible prestar la atención en un dispositivo público o la mujer solicita un centro concertado, la atención está garantizada y financiada por el Sergas. El modelo combina la prioridad en los centros públicos con una garantía adicional para que ninguna circunstancia sea un obstáculo.
El responsable autonómico también incidió en que la Xunta de Galicia respeta y seguirá respetando los derechos de las mujeres y la legislación vigente, garantizando que todas las solicitantes reciban la atención que les corresponde. La organización asistencial tiene en cuenta la disponibilidad de los profesionales y su derecho a la objeción de conciencia.
