La sección cuarta del tribunal ha impuesto penas de siete años y medio de prisión a uno de los procesados y ocho años al otro, además de multas de cuatro millones de euros a cada uno por un delito contra la salud pública. Las magistradas han establecido en los hechos probados que ambos sospechosos actuaron de manera coordinada, utilizando distintos vehículos para realizar los transportes de sustancias estupefacientes.

Uno de los condenados empleaba un coche a modo de lanzadera que alertaba sobre la presencia policial en las rutas, lo que evidencia un nivel significativo de organización en la operación delictiva. La sentencia señala que, cuando menos entre junio de 2023 y junio de 2024, los acusados realizaron de manera regular transportes por carretera de distintas partidas de sustancia estupefaciente, en concreto cocaína, entre los lugares de sus domicilios y otros del territorio nacional y de Portugal, con la finalidad de distribuirla a terceras personas.

Durante la vista oral, uno de los encausados reconoció su participación en los hechos, mientras que el otro negó rotundamente cualquier tipo de implicación, presentando una coartada que el tribunal consideró poco creíble. La sala concluyó que existían suficientes elementos probatorios para determinar la participación de ambos en la trama, declarándolos coautores del delito contra la salud pública.

La investigación policial reveló que la operación se extendía entre Galicia y Portugal, utilizando diferentes vehículos para evitar la detección y un sistema de alerta mediante un coche lanzadera, demostrando un alto grado de profesionalización. Los domicilios de los acusados servían como puntos de origen o destino de los envíos, lo que indica que disponían de lugares seguros para almacenar temporalmente la sustancia estupefaciente antes de su distribución final.