Ourense, capital más morosa de España

El Ayuntamiento de Ourense supera a Jaén en días de pago a proveedores, acumulando más de 20 millones de euros en facturas pendientes.

Primer plano de un sello oficial con la palabra 'IMPAGADO' en tinta roja sobre facturas borrosas.
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Primer plano de un sello oficial con la palabra 'IMPAGADO' en tinta roja sobre facturas borrosas.

El Ayuntamiento de Ourense se convierte en la capital española con mayor morosidad municipal, superando los 119 días de media en el pago a proveedores.

El Ayuntamiento de Ourense ha asumido el liderazgo en el ranking de morosidad municipal en España, superando al Ayuntamiento de Jaén, que históricamente ocupaba esta posición. Mientras la ciudad andaluza mejora sus cuentas, el municipio ourensano acumula un grave problema de retraso en el cobro de facturas, cuadriplicando los límites legales establecidos.
Los últimos registros municipales indican que el Ayuntamiento de Jaén redujo su periodo medio de pago a 80,61 días en junio, su nivel más bajo en décadas. Por el contrario, Ourense cerró el sexto mes del año con 119,27 días de media de pago en su entidad matriz, según el informe de la Tesorería municipal.
El alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, ya había reconocido públicamente en junio el atasco burocrático que retrasa los pagos a los proveedores, culpando al servicio de Intervención. Esta situación de parálisis afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas que prestan servicios al municipio.
El Tribunal de Cuentas ha señalado al Ayuntamiento de Ourense en su informe sobre el sector público local de 2024 por su desorbitado periodo medio de pago. Además, amonesta al municipio por incumplir el plazo legal para presentar su cuenta general y por ocultar la relación de convenios formalizados.
La crisis de morosidad también se refleja en los juzgados. Más de 20 millones de euros en recibos sin tramitar superan los tres meses de antigüedad al cierre del segundo trimestre. Empresas como Mekane Didáctica, Novavial y Acciona ya exigen pagos e intereses de demora por vía judicial, lo que supone un coste adicional para las arcas públicas.