La concesionaria Urbanos de Ourense, perteneciente al grupo Avanza, emitió un comunicado este martes alertando de la grave situación económica. La deuda municipal, que ya ha sido validada por una sentencia judicial firme, incluye facturas pendientes y costes adicionales para los ejercicios 2024, 2025 y 2026. El último ingreso registrado por parte del Concello data del 24 de febrero, correspondiente a la liquidación de noviembre de 2025.
Esta falta de liquidez continuada ha sido calificada por la dirección de la empresa como "insostenible". Hasta el momento, la compañía ha logrado mantener la operatividad del servicio asumiendo "leves y puntuales retrasos" en los pagos a proveedores y en las nóminas de los empleados. No obstante, la dirección comunicó al comité de empresa la imposibilidad de garantizar el abono de la paga extraordinaria de este miércoles, lo que podría derivar en movilizaciones y paros por parte de la plantilla.
Además del conflicto financiero e institucional, se han registrado incidentes de vandalismo. Un total de 15 autobuses de la flota han sufrido sabotajes con pinchazos intencionados en los neumáticos. La empresa ha calificado estos actos de "muy graves", ya que comprometen directamente la seguridad de los ciudadanos y usuarios. Urbanos de Ourense ha anunciado que emprenderá acciones legales cuando se determine la autoría de estos hechos.
El servicio de autobuses urbanos de Ourense opera en precario desde 2015, año en que caducó el contrato original. Aunque el Concello adjudicó recientemente la gestión integral del nuevo servicio a la UTE formada por Sagalés y Gavilanes, el proceso de relevo está suspendido debido a la presentación de diversos recursos especiales en materia de contratación por parte de todas las empresas competidoras que no resultaron elegidas.
La propia empresa gestora actual, Avanza, presentó un recurso el 7 de julio ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia. A este se sumaron las impugnaciones de otras dos UTEs descartadas. El escenario actual obliga al Concello de Ourense a posponer la firma del nuevo contrato hasta que el Tribunal resuelva los recursos presentados.
