La decisión plenaria culmina el procedimiento para determinar responsabilidades contractuales y desestima la solicitud de devolución del aval de la compañía. Un informe técnico cuantificó en 90.000 euros los perjuicios derivados de deficiencias graves y muy graves, especialmente en obligaciones laborales y en la atención a los usuarios.
El expediente, que contó con la audiencia previa a la empresa y a la entidad avalista (Bankinter), así como informes municipales, determinó tres incumplimientos muy graves y diez graves. La cuantía incautada cubre el límite máximo de la garantía, sin incluir otras penalizaciones ya satisfechas por la empresa.
“"Estamos hablando de un servicio esencial para las personas más vulnerables de nuestro municipio. Actuamos con la firmeza necesaria para defender los recursos públicos y exigir a las empresas el cumplimiento estricto de las obligaciones que asumen cuando contratan con la Administración."
Entre las incidencias más relevantes figuran fallos en la documentación y seguimiento de los usuarios, y la falta de entrega de informes bimestrales. Esto obligó a los Servicios Sociales municipales y a la nueva adjudicataria a reconstruir parte de la información asistencial para asegurar la continuidad del servicio.
El contrato con ÓBOLO finalizó el pasado 1 de febrero de 2026 por resolución de mutuo acuerdo. Esta fórmula no implicaba una declaración de correcta ejecución ni la renuncia a exigir responsabilidades. La Tesorería local ya ha recibido instrucciones para ejecutar el aval de forma inmediata.
