La construcción de 2.010 viviendas protegidas en San Amaro, tramitada como un Proyecto de Interés Autonómico (PIA) para agilizar su tramitación urbanística, se ha convertido en el epicentro del debate político municipal. La iniciativa, que busca estudiar con las más de 150 familias afectadas el ámbito de actuación, acordar un precio justo por las expropiaciones y ofrecer viviendas alternativas a los residentes habituales, fue defendida por el portavoz socialista, Iván Puentes.

Puentes criticó duramente la tasación propuesta por la Xunta, que sitúa el valor del metro cuadrado entre dos y diez euros, calificando la cifra de "injustificable" y "criminal". El socialista subrayó la necesidad de atender las demandas de los vecinos antes de avanzar en el proyecto, a pesar de que el BNG intentó reeditar un acuerdo previo y propuso reducir las peticiones a la Xunta.

El PP, a través de su portavoz Rafa Domínguez, se sumó a la petición de reformulación y añadió una enmienda que insta al Concello a elaborar un nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) para evitar futuras situaciones conflictivas. Domínguez señaló a Lores como "el gran responsable" de la situación actual, mientras que Puentes matizó que un nuevo PGOM no habría afectado este proyecto autonómico.

El concejal de Urbanismo, Alberto Oubiña (BNG), lamentó el bloqueo al acuerdo y advirtió que la moción del PSOE "implica paralizarlo" proyecto de la Xunta, generando incertidumbre para los vecinos. Puentes rechazó esta acusación y acusó al BNG de "ejercer de defensor de la Xunta".

El debate también sirvió para que PP y PSOE criticasen la gestión del BNG en materia de vivienda. Mientras Domínguez acusó a Lores de "no hacer nada en vivienda en 27 años", Puentes recordó que las competencias son autonómicas, aunque echó en falta "políticas municipales más allá de la cesión de suelo".

Vecinos afectados, que se hicieron oír durante toda la sesión con carteles y camisetas naranjas, expresaron su malestar. Mer Paratcha, una de las portavoces, aseguró que el PIA "nos deja en la miseria" y es "una trampa" para muchos propietarios. La Consellería de Vivenda ha convocado a los afectados a una reunión este viernes.