La iniciativa, que se originó en el Parlamento gallego, se encuentra en su fase decisiva tras el acuerdo alcanzado entre PSOE, BNG y Sumar. Este pacto incluye no solo la gestión de la autopista, sino también su propiedad, un punto clave que marca la diferencia con el texto original aprobado en la Cámara autonómica.
El Partido Popular ha manifestado su total desacuerdo con la propuesta actual, argumentando que la transferencia supondrá una importante carga económica para la comunidad autónoma. Esta preocupación se intensifica ante la posibilidad de que la Unión Europea declare ilegal la prórroga de la concesión a la empresa Audasa, lo que podría generar obligaciones de indemnización.
A pesar de que los socialistas propusieran inicialmente una enmienda que excluía la titularidad, el texto pactado establece como objetivo "la transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia de la titularidad de la AP-9 y las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión, así como las funciones y servicios de la autopista AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia".
Para formalizar este traspaso, la Administración General del Estado y la Xunta de Galicia presentarán una propuesta de acuerdo en la Comisión Mixta de Transferencia. Esta propuesta detallará las condiciones y los límites para la transmisión de las competencias, que serán finalmente aprobadas mediante real decreto.
