El órgano consultivo señaló que la administración local alegó que la empresa no atendía a sus indicaciones y que la obra acumulaba retrasos, pero la decisión de romper el contrato se tomó dos meses antes de que finalizase el plazo para su finalización.

Además, el ejecutivo local reconoció la necesidad de cambios en el proyecto debido a incidencias en la red de saneamiento "no previsibles en la fase de redacción del proyecto", lo que, según el Consello, hace que el bloqueo de la obra no sea atribuible exclusivamente al contratista.

El Consello Consultivo también destaca que la empresa se opuso a la rescisión del contrato, lo que evidencia que "no quería dejar la obra". Subraya que, aunque pasaron tres meses entre la firma del contrato y el inicio de la obra, esto no afectó al plazo concedido de nueve meses.

La tesis del anterior ejecutivo municipal sostenía que la obra comenzó mal debido a una rebaja económica inicial por parte de la empresa, lo que dificultó la ejecución. Según esta visión, la firma se sumó a la petición vecinal de cambiar el saneamiento, lo que implicaría una modificación del proyecto y un aumento del presupuesto.

El gobierno discutió durante meses esta necesidad y, al asumirla, consideró que el sobrecoste de 36.253 euros podría cubrirse con partidas existentes, sin necesidad de un modificado, una propuesta que la empresa no aceptó.