La infraestructura, puesta en marcha por la Fundación Amancio Ortega, fue entregada a la Xunta hace meses. El diputado autonómico Mon Fernández anunció la entrega de las firmas a la entrada del organismo autonómico, acompañado por trabajadores de la residencia pública de Caranza.
Fernández subrayó que la demanda se apoya en dos pilares: "los derechos de las personas usuarias, su dignidad, calidad de vida y calidad de los servicios; y las condiciones de trabajo del personal". Añadió que la diferencia entre la residencia 100% pública de Caranza y las privadas "se nota en el día a día: desde la calidad de la comida hasta los servicios sanitarios y de ocio". Citó como ejemplo extremo la pandemia, donde "en la residencia de Caranza no hubo que lamentar ninguna muerte por covid", a diferencia de lo ocurrido en las privadas.
El representante del BNG también criticó la actitud de la conselleira de Política Social, Fabiola García, ante las reivindicaciones laborales del sector. "Las trabajadoras llevan años luchando por un convenio digno, y la Xunta, como principal contratista, podría condicionar esa negociación a su favor, pero se han encontrado con silencio y desprecio", apuntó. Denunció el modelo de "institucionalizar la precariedad" y de "faltar al respeto al trabajo femenino", mayoritario en estos centros.
