El próximo jueves, 2 de julio, tres individuos se sentarán en el banquillo de los acusados en la Audiencia Provincial de Pontevedra. La Fiscalía sostiene que presuntamente convencieron al empresario Andrés Quintá para que retirase una querella interpuesta contra tres de sus hijos y un asesor. Esta disputa familiar se centra en el control del holding Gestión Corporativa Quintá, que posee empresas como Extrugasa, Galipán y Extrusionados Galicia.
El Ministerio Fiscal solicita para los tres acusados una pena de dos años y nueve meses de prisión, además de una multa de 18 meses con una cuota diaria de 15 euros. También se reclama una indemnización de 1.200 euros para el empresario por los perjuicios morales o psicológicos que, según la acusación, le causaron con sus acciones. La querella original, presentada por Quintá en agosto de 2024, iba dirigida contra tres de sus hijos y su asesor personal, a quienes atribuía haberse apropiado de sus empresas.
Según el escrito fiscal, tras la señalización de la declaración de los investigados para el 14 de abril de 2025 por el Juzgado de Instrucción número 2 de Caldas de Reis, los tres acusados actuaron cuatro días antes. La Fiscalía afirma que, conociendo el "deterioro cognitivo" del empresario y aprovechando la "confianza" depositada en ellos, influyeron en su ánimo hasta conseguir que firmase un escrito de renuncia a las acciones penales.
“"Se insistió hasta que se logró que firmase de forma apresurada un escrito de renuncia a las acciones penales."
Para evitar cualquier cambio de opinión o búsqueda de asesoramiento, los acusados trasladaron a Quintá en coche hasta el Juzgado de Caldas de Reis, impidiéndole usar su teléfono móvil durante el trayecto y su estancia en la sede judicial. Una vez allí, uno de los acusados entregó el escrito de renuncia firmado, y el empresario firmó un acta de comparecencia en la que se recogía dicha renuncia, mientras los acusados lo rodeaban. La Fiscalía subraya que no lo dejaron solo en ningún momento ni le permitieron usar el móvil, imposibilitando el contacto con su abogado.
Como consecuencia de esta renuncia, el juzgado acordó el archivo de la causa contra los tres hijos del empresario, sin que se practicasen declaraciones judiciales. El Ministerio Público considera que la "presión" ejercida por su "presencia" y las "relaciones personales y de confianza" fueron clave para lograr el objetivo de que renunciase a la denuncia.
