La justicia gallega ha dado la razón al Concello de Cervo en la reorganización del Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES). El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado íntegramente el recurso presentado por la sección sindical de la CNT, avalando así la sentencia previa del Juzgado de lo Social número 3 de Lugo.
Esta resolución supone un nuevo respaldo judicial a las decisiones del gobierno local, confirmando que la actuación municipal se realizó con pleno respeto a la legalidad y desmintiendo las acusaciones sindicales. El tribunal considera acreditada una causa organizativa real y suficiente para justificar la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, motivada por la finalización del convenio que sustentaba el funcionamiento del GES.
La sentencia rechaza expresamente las alegaciones sobre vulneración de derechos fundamentales, descartando represalias contra los trabajadores o la actividad sindical de la CNT. Concluye que las decisiones se basaron exclusivamente en criterios organizativos objetivos y razonables, y que durante la negociación hubo un auténtico período de consultas sin que se pueda apreciar mala fe por parte de la Administración local.
“"Esta resolución confirma lo que llevamos defendiendo desde el primer día: que el Concello actuó con responsabilidad, con transparencia y dentro de la legalidad."
La alcaldesa de Cervo, Dolores García Caramés, valoró muy positivamente la sentencia, subrayando que la prioridad siempre fue "garantizar la seguridad de los trabajadores y la correcta prestación de un servicio esencial para la vecindad". Añadió que las decisiones adoptadas respondieron a "razones organizativas reales y a la necesidad de dar respuesta a una situación compleja", y no a "interpretaciones interesadas".
“"Sin embargo, ante la falta de soluciones, el Concello actuó con responsabilidad, y ahora la justicia vuelve a confirmar que aquella decisión estaba plenamente justificada."
García Caramés también recordó que se dirigieron a la Diputación de Lugo, como administración competente, para atender las demandas y evitar la medida, pero ante la falta de soluciones, el Concello actuó con responsabilidad. La alcaldesa concluyó que esta nueva sentencia "refuerza la posición mantenida por el Concello durante todo este proceso" y confirma que "siempre actuamos defendiendo el interés general, la seguridad de los profesionales y la continuidad de un servicio esencial para la ciudadanía".
