La implantación de la Formación Profesional Básica en el instituto de Carral sigue generando controversia tras la dimisión del equipo directivo y la protesta de la comunidad educativa. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, calificó la situación de "gran sorpresa", ya que es la primera vez que un centro educativo rechaza implementar un ciclo de FP, cuando lo habitual es la demanda por parte de los institutos.
Rodríguez señaló que la Consellería tenía entendido que la propuesta estaba previamente hablada con el equipo directivo a través de la Jefatura territorial. "Es la primera vez que un instituto no quiere implementar un ciclo de FP", recalcó el conselleiro, quien añadió que la administración evaluará "por qué surge esa reacción".
Por su parte, el claustro de profesores manifestó que la nueva modalidad educativa no fue consensuada y denunció una "falta de planificación". Según el director Anxo Gómez, el plazo de decisión, de mediados de mayo a junio, fue de tan solo 15 días para implantar una modalidad nueva en un centro que solo imparte ESO y con un profesorado sin conocimiento previo de la FP.
La directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez, desmintió la falta de planificación y afirmó que los alumnos que cursarán la FP básica son los mismos que ya están escolarizados en el IES. Explicó que esta modalidad está enfocada a estudiantes que no desean continuar con la enseñanza secundaria obligatoria y que la FP otorga tanto la cualificación profesional como el título de la ESO. Pérez destacó que la mayoría de los centros gallegos ya imparten FP Básica y mostró su asombro ante la oposición en Carral.
El proyecto incluye la instalación de un "aula nómada" en una finca anexa al instituto para los talleres y prácticas, y el Concello de Carral solicitó también la dotación de aseos en este espacio. La directora xeral aseguró que "todo el equipamiento necesario" está previsto y que la familia de "automoción" es una de las más demandadas en Galicia.
Tras la dimisión del equipo directivo, el profesorado convocó una manifestación para el lunes 15 de junio y una huelga en el centro para el miércoles 17. El sindicato CIG calificó la actuación de la Consellería de "avasalladora" y de "medida extrema" obligada por la situación.
