El proyecto, que está siendo perfilado por el Ayuntamiento de A Coruña y los promotores, ha generado un intenso debate sobre el modelo de ciudad. La Asociación de Vecinos O Cruceiro de O Castrillón lidera las protestas, argumentando que la altura de las edificaciones supera con creces lo permitido en la normativa vigente para la zona, que limita las construcciones a un máximo de ocho plantas.

Además de la altura, los residentes muestran su preocupación por la movilidad en la avenida de la Concordia. Según los colectivos vecinales, el plan actual interrumpiría la conexión prevista para el barrio, dificultando el tránsito entre Os Castros y Monelos. También alertan sobre la presión que supondrá la llegada de nuevos habitantes para servicios públicos ya tensionados, como los centros de salud y las guarderías.

Por su parte, la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Medio Ambiente, ha emitido un informe que exige justificaciones detalladas sobre el impacto visual y la movilidad, recomendando que el plan se tramite por la vía ordinaria. Mientras tanto, la Junta de Compensación Parque de Oza defiende la legalidad de la propuesta, asegurando que se ajusta al Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de 2013 y que el modelo busca evitar el hacinamiento urbanístico del pasado, aumentando las zonas verdes.