La presión inmobiliaria se extiende por Galicia: el alquiler se dispara

La falta de viviendas accesibles y el auge del alquiler turístico obligan a trabajadores a compartir piso o a desplazarse lejos.

Imagen genérica de un ayuntamiento gallego de granito con balcón ornamentado.
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Imagen genérica de un ayuntamiento gallego de granito con balcón ornamentado.

La presión inmobiliaria, antes concentrada en las grandes ciudades gallegas como Santiago, Vigo o A Coruña, se extiende ahora a sus áreas metropolitanas e incluso a concellos rurales, elevando los precios del alquiler y forzando nuevas realidades laborales.

La idea de que vivir fuera de las grandes urbes ofrecía una alternativa más económica comienza a desvanecerse en Galicia. Lo que antes era una clara distinción entre ciudad y periferia se convierte hoy en una tendencia expansiva que afecta a municipios cada vez más alejados e incluso a zonas rurales. Esta situación, alertan desde el sector inmobiliario, hace que encontrar vivienda accesible, tanto para compra como para alquiler, sea cada vez más complicado.
Las consecuencias son múltiples: trabajadores que comparten piso con desconocidos, desplazamientos de decenas de kilómetros para poder asumir los costes, y vecinos expulsados de localidades clave como las del Camino de Santiago por la conversión masiva de viviendas residenciales en pisos turísticos. El vicepresidente de la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin), Vicente Martínez, describe un panorama "complicado" que sorprende a los propios profesionales.
"Las grandes ciudades perdieron ya completamente los precios accesibles y por efecto arrastre esto está desapareciendo también en otras zonas", explica Martínez. "Por ejemplo, en el área metropolitana de A Coruña o en el área metropolitana de Santiago hay municipios en los que los pisos están prácticamente al mismo precio de alquiler que en la propia metrópoli". Localidades como Ames, O Milladoiro, Bertamiráns o Culleredo ya no funcionan como refugios económicos.
La escalada de precios se debe a una confluencia de factores. Por un lado, el trasvase de viviendas tradicionales hacia el alquiler turístico, especialmente en zonas costeras y del Camino de Santiago. Por otro, la reducción drástica en la promoción de nueva vivienda desde la crisis de 2008. A esto se suman el encarecimiento de los costes de construcción, materiales como el hierro y el hormigón, y factores internacionales como la guerra de Ucrania o el aumento de los costes energéticos.
El mercado actual se caracteriza por una oferta escasa y una demanda muy alta, lo que lleva a situaciones insólitas. Martínez relata cómo viviendas en alquiler en Santiago de Compostela desaparecen del mercado en cuestión de horas. Un piso puesto a 980 euros recibió más de cien mensajes y tuvo que ser desactivado por la tarde ante la avalancha de llamadas, evidenciando la tensión del mercado.
El perfil de quienes comparten vivienda también ha cambiado. Si antes era cosa de estudiantes, ahora son trabajadores adultos incapaces de afrontar el coste de una vivienda solos. Con salarios medios en Galicia, el 30% recomendado por el Banco de España para alquiler (unos 500 euros) apenas da para una habitación. Esto lleva a convivir con desconocidos de diferentes nacionalidades, convirtiendo el compartir piso en una necesidad permanente.
La presión turística afecta especialmente a concellos del Camino de Santiago como Padrón o Melide, donde el alquiler tradicional ha sido sustituido por el turístico. Esto dificulta la vida de los residentes habituales y eleva los precios incluso en villas pequeñas. El "área metropolitana" también se redefine, extendiéndose hasta 30 kilómetros, lo que obliga a desplazamientos más largos y al uso de vehículo propio, agravado por la deficiencia del transporte público en Galicia.
El propio sector inmobiliario admite estar "impactado" por los incrementos. Pisos que hace cuatro años costaban 700 euros de alquiler ahora pueden llegar a los 1.900, y las viviendas en venta también se han revalorizado significativamente. Martínez reclama un "pacto político" por la vivienda, similar al Pacto de Toledo, frente a "parches" como la actual Ley de Vivienda, que considera insuficiente.