El próximo mes de octubre, Jorge Luis G.Y. se sentará en el banquillo de los acusados por el asalto a un empresario constructor en Lobios, una causa por la que se enfrenta a cerca de catorce años de prisión por robo con violencia, lesiones y pertenencia a grupo criminal.
Además, la Fiscalía de Ourense ha formulado un segundo escrito de acusación que suma diez años y cinco meses de prisión, junto a una multa de 909.057,48 euros, por delitos contra la salud pública, tenencia de armas prohibidas y sin licencia. El investigado se encuentra en prisión provisional desde el 26 de marzo de 2025.
El supuesto entramado criminal se originó en la madrugada del 20 de enero de 2025 en Vilameá (Lobios), cuando cuatro encapuchados asaltaron la vivienda de un constructor para robar 150.000 euros. La víctima fue golpeada y maniatada. Semanas después, Jorge Luis se presentó ante la Guardia Civil, diciendo sentirse vigilado y temiendo represalias, desvinculándose del robo y solicitando protección.
Sin embargo, las investigaciones y la interceptación de comunicaciones desmintieron su versión, situándolo como presunto líder de la organización. Los agentes determinaron que coordinó el golpe a través de la aplicación encriptada Signal, dando órdenes para "apretar al viejo" y "usar a la vieja" para obtener el botín.
El Juzgado mixto de Bande realizó un operativo el 19 de febrero de 2025. Se registró el puesto de trabajo del acusado en el Consistorio de Xinzo, en la calle Curros Enríquez, donde se incautó un teléfono móvil LG. También se registraron sus domicilios en la avenida de Madrid y en Camiño do Cemiterio.
En los domicilios, la Guardia Civil localizó un depósito de estupefacientes valorado en 303.019,16 euros. Las sustancias estaban ocultas, incluyendo 1.824,699 gramos de cocaína con un 89,2% de pureza y 1.008,93 gramos de MDMA con un 74% de concentración. El valor de la cocaína asciende a 233.056,48 euros y el de la metanfetamina a 69.962,68 euros.
Además, se intervino un arsenal de guerra y equipamiento táctico: un rifle de asalto Ruger calibre 300 BLK, un rifle deportivo Alfa Proj modelo Hunter calibre 22LR, una escopeta Franchi Llama, una escopeta de cañones recortados y un cañón paralelo aserrado suelto. También se decomisaron armas cortas como una pistola Smith & Wesson M&P9 Shield, una réplica de pistola calibre 45 ACP, una Springfield Armory modelo 1911 y varios revólveres.
El depósito incluía cientos de cartuchos y componentes para armas de fuego sin trazabilidad legal. La logística del grupo se completaba con visores térmicos y nocturnos, un inhibidor de frecuencia, un dispositivo de hackeo Flipper, cámaras endoscópicas y una navaja táctica automática Infidel, catalogada como arma prohibida.
El juicio por el asalto en Vialameá está señalado para octubre. El abogado defensor, Luis Salgado Carbajales, confía en un acuerdo satisfactorio con la Fiscalía y la Acusación Particular, mientras que en su defensa ya se busca hacer valer las atenuantes de confesión, reparación del daño y grave adicción a las drogas.
